Movilidad. ATA insiste en aportar información a los responsables políticos en su toma de decisiones

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Movilidad. ATA insiste en aportar información a los responsables políticos en su toma de decisiones

Las declaraciones realizadas esta semana por la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ponen una vez más al descubierto el desconocimiento de la clase política sobre la realidad del transporte, la movilidad y la logística en nuestro país .

 

El anuncio de marcar el horizonte de 2023 , para aplicar medidas que determinen zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, supone, llevar al escenario que viven actualmente Madrid y Barcelona, a 146 ciudades de España, sembrando, en consecuencia el caos en los procedimientos de transporte y logística.

 

Sin duda, la medida, amparada por los criterios marcados por Bruselas, tiene sentido dentro de la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que desde ATA impulsamos y defendemos. No obstante, frente a este anuncio, se hace uno más que trata de aliviar la presión; el apoyo incondicional al desarrollo medidas de fomento del transporte público. De nuevo el transporte de mercancías, fundamental para el abastecimiento de estas 146 ciudades queda olvidado y a criterio del empresario o autónomo responsable.

 

Ni una sola opción que determine ayudas a la transición de las flotas, y lo que es aún peor, ni una sola directriz de a donde dirigir nuestras inversiones en caso de renovación de flotas. El problema a día de hoy, ya no es sólo el acceso a Madrid o Barcelona, lo será en breve en el transporte y distribución de mercancías en la práctica totalidad de las ciudades que además pueden ejercer criterios diferenciados a la hora de aplicar las restricciones, como muestra cabe señalar que mientras Madrid está aplicando una zona de bajas emisiones en un entorno de 5km, las restricciones aplicadas en Barcelona desde el 1 de enero, afectan a un entorno de 95 Km, con horarios de acceso y especificaciones diferentes, algo que condiciona el modo de transporte y distribución de mercancías.

 

ATA reclama sentido común y un plan único impulsado desde el gobierno central para todos los municipios afectados. Si bien somos conscientes de que se trata de competencias municipales, este sentido común reclamado supone evitar que el transportista deba controlar y aplicar 146 especificaciones de acceso a las ciudades con distintas y 146 planes de movilidad diferentes.

 

La gravedad de la situación hace necesario establecer un calendario de implantación ya que en breve, el transporte podría convertirse en un auténtico galimatías en el que no sólo saldría afectado el profesional, sino también el usuario de los servicios.