Ya está vigor la ley que castiga la morosidad en el transporte
Ley de Morosidad en el Transporte. Desde el 02 de octubre del 2021 ha entrado en vigor el régimen sancionador de la ley de morosidad en el transporte. La Ley establece la obligatoriedad de pagar en un plazo máximo de 60 días desde la entrega del bien o prestación del servicio realzado o entrega del bien. En caso de incumplimiento, las sanciones económicas que contempla la Ley de Morosidad en el Transporte, oscilarán entre los 6.000 y los 30.000 euros
Como indica su nombre, con la publicación de esta Ley de Morosidad en el Transporte se modifica la
LOTT para incluir en ella infracciones graves y muy graves por el
incumplimiento del límite máximo legal de pago de 60 días.
El nuevo régimen sancionador que ha quedado implementado en la
LOTT, queda de la siguiente manera:
- Multa de 401 a 600 euros: cuando el precio del transporte sea
inferior a 1.000 euros.
- Multa de 601 a 800 euros: cuando el precio del transporte esté
comprendido entre 1.000 y 1.500 euros.
- Multa de 801 a 1.000 euros: cuando el precio del transporte esté
comprendido entre 1.501 y 3.000 euros.
- Multa de 1.001 a 2.000 euros: cuando el precio del transporte está
comprendido entre 3.001 a 4.000 euros.
- Multa de 2.001 a 4.000 euros: cuando el precio del transporte esté
comprendido entre 4.001 y 6.000 euros.
- Multa de 4.001 a 6.000 euros: cuando el precio del transporte sea
superior a 6.000 euros.
- Multa de 6.001 a 18.000 euros: cuando el responsable ya hubiera
sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa,
por la comisión de cualquier otra infracción muy grave en los 12 meses
anteriores, pudiendo ascender a 30.000 euros el importe de la multa cuando
se considere que la conducta afecta significativamente a la capacidad y a la
solvencia económica del acreedor o se haya superado en más.
Este régimen sancionador que contempla la Ley de Morosidad en el Transporte, forma parte del compromiso de Mitma con el sector para abordar los retos que afronta el transporte de mercancías por carretera y supone una de las reivindicaciones que ATA ha llevado siempre a los foros de decisión donde ha participado.
