El Comité Madrileño de Transporte, inicia encuentros con los partidos políticos para buscar una moratoria ante el calendario de renovación de flota
Calendario de renovación de flota. ATA, como miembro del Comité Madrileño de Transporte, se ha reunido durante esta semana, con los representantes de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid iniciando de este modo, un proceso de entrevistas con todos los representantes de fuerzas políticas a los que se pretende trasladar la imposibilidad de cumplir los plazos marcados por la ordenanza municipal para la renovación de flotas de transporte.
Esta ronda de reuniones trata de buscar el consenso político para lograr una moratoria, ya que, tal y como se ha trasladado, a día de hoy resulta imposible cumplir una normativa que indica que desde 1 de enero de 2023, cualquier vehículo pesado del tipo A, (sin distintivo ambiental), no pueda entrar en el entorno definido por el distrito Centro de la capital, así como también quedará prohibido el acceso en esa fecha a los vehículos ligeros menos de 3.500 kg del tipo B (es decir matriculados antes del 2014)
Del mismo modo, el calendario señala que desde enero de 2025, la prohibición se extendería a vehículos pesados de más de 3.500kg con distintivo B.
Tal y como se ha señalado al responsables de Ciudadanos, ambos supuestos no son posibles de cumplir por el sector en las fechas y modo señalado. Destacando entre otros motivos, la poca oferta que hay y el exagerado precio de adquisición sobre todo en vehículos pesados de energías alternativas al diésel.
En este mismo sentido, se da la paradoja de que los plazos de entrega que están dando los concesionarios a la hora de adquirir un vehículo nuevo, en la mayoría de los casos sobrepasa el año. Es decir aquel transportista que a día de hoy decida renovar su vehículo se encontraría con el agravante de que no lo podría estrenar antes del 1 de enero del 2023 y le sería imposible cumplir con el calendario establecido.
Una vez más se pone de manifiesto como decisiones tomadas con urgencia, no resultan eficaces poniendo en riesgo, no sólo el cumplimiento y la adaptación a la normativa, sino también el propio abastecimiento de los ciudadanos, al encontrarse el profesional frente a una situación de indefensión.
