Multas a conductores extranjeros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que dicha Directiva se ha adoptado sobre una base jurídica equivocada, pero permitirá que se siga aplicando hasta que haya una nueva Directiva

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la directiva que permite el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, que permite a un país de la UE multar a un conductor que circula por otro Estado comunitario y que está recogido en la nueva ley de tráfico de España, que entrará en vigor este viernes 9 de mayo.

La directiva establece un procedimiento de intercambio de información entre Estados miembro de la UE relativa a ocho infracciones en materia de seguridad vial: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.

La Comisión ha interpuesto el presente recurso ante el Tribunal de Justicia por entender que dicha Directiva se ha adoptado sobre una base jurídica equivocada. El Tribunal de Justicia recuerda que, para apreciar si la Directiva podía adoptarse válidamente sobre la base de la cooperación policial, ha de examinarse la finalidad y el contenido de la Directiva. Por lo que atañe a la finalidad, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el objetivo principal o preponderante de la Directiva es la mejora de la seguridad vial, pues, si bien es cierto que dicha Directiva instaura un sistema de intercambio transfronterizo de información sobre infracciones en materia de seguridad vial, no es menos cierto que este sistema se establece precisamente para que la Unión pueda perseguir el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Por lo que atañe a su contenido, el Tribunal de Justicia declara que el sistema de intercambio de datos entre las autoridades competentes de los Estados miembros constituye el instrumento mediante el cual la Directiva persigue el objetivo de mejorar la seguridad vial, puesto que las medida destinadas a mejorar la seguridad vial forman parte de la política de transportes. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la Directiva debería haber sido adoptada sobre este fundamento, ya que, por su finalidad y por su contenido, constituye una medida que permite mejorar la seguridad en los transportes.

El Tribunal de Justicia precisa, además, que la Directiva no guarda relación directa con los objetivos de la cooperación policial, puesto que éstos se refieren al desarrollo de una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, por una parte, y a la prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia, por otra parte.

No obstante, el Tribunal de Justicia, tras examinar los efectos de dicha anulación en el tiempo, como había solicitado la Comisión ha decidido que se mantengan los efectos de la Directiva hasta la entrada en vigor, en un plazo razonable, que no puede exceder de doce meses a partir de la fecha en que se dicta la presente sentencia, de una nueva directiva con una base jurídica adecuada (en concreto, la seguridad en los transportes).